Es sabido que un gobierno, para ser merecedor de credibilidad y confianza, debe ser congruente en lo que respecta a los mensajes que diariamente emite, así como en el uso del aparato estatal destinado a cumplimentar su acción de gobierno. Esta auténtica obviedad, sin embargo, no parece comprender en su alcance al actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
No es la primera vez que ello ocurre. De hecho, hace menos de un año, el Diario Crítica Digital publicó una noticia en la que -en forma pormenorizada- se daba cuenta de un hecho verdaderamente esquizofrénico: el 70% de la planta activa de personal del Ministerio de Trabajo se hallaba en negro, o con contrataciones laborales irregulares. Vale decir, quienes cumplen con la función de erradicar el trabajo ilegal, son víctimas del flagelo que fundamenta su actividad laboral.
Una situación semejante es la que actualmente se desprende de la propia acción puesta de manifiesto por la Asociación Civil Software Legal. A través de una metodología similar a la ejercida por las organizaciones ligadas al narcotráfico, que regalan estupefacientes para incrementar luego los índices de adicción y los resultantes márgenes de utilidades derivados de una vil comercialización, las pequeñas y medianas empresas asisten a una singular presión ejercida desde el propio Estado.
En efecto; al tiempo que son convocadas para regularizar determinadas situaciones de irregularidad impositiva y previsional con el objeto de erradicar el trabajo en negro y reducir el desempleo, unas 20.000 PyMES son intimadas judicialmente mediante declaraciones juradas (otras tantas estarían a punto de ser giradas en lo inmediato) que engañosamente autorizan a Software Legal Asociación Civil sin Fines de Lucro a realizar allanamientos que den cuentan de la existencia de software sin licencia, y la posterior apertura del proceso penal correspondiente. En aras de accionar en defensa de la ley 11.723 se ejerce una nueva presión económica a las unidades productivas que -en sí- constituyen la base de sustentación de la actividad productiva nacional y el empleo.
De este modo, mientras se opta por destinar abultadísimas cifras al pago de royalties internacionales -pagando por ejemplo 400 dólares en concepto de licencia de un procesador de texto- en lugar de utilizar en el propio seno de la administración pública herramientas generadas bajo el paradigma de Software Libre, las empresas argentinas sufren el acoso de un Estado garante de esos intereses foráneos que acrecienta la carga tributaria sin contar siquiera con una mínima acción tendiente a concientizar sobre la necesidad y la conveniencia de migrar hacia tecnologías liberadas de costos por licencias.
Tal vez habría que preguntarle a cada uno de los oficiales de justicia que se presentan en los allanamientos junto a Software Legal, si el software que utilizan en su propia sede judicial se encuentra con las licencias en regla, para que de no ser así procedan a autodemandarse penalmente por incumplimiento de la ley 11.723.
Llama la atención tanta celeridad procesal en un país que a más de 25 años de haber recuperado la democracia continúa juzgando a los genocidas de la dictadura de 1976. Llama la atención que, frente a tantas obstrucciones y conflictos judiciales, pueda darse tan inusitada celeridad procesal. En tan sólo 180 días una persona propietaria de una empresa que da trabajo y paga impuestos, corre el riesgo incluso de ir presa como corolario de un previo y singular proceso de colonización tecnológica garantizado por un Estado que -por acción u omisión- indujo al uso de herramientas tan complejas de ser desvinculadas de la faz productiva y consecuentemente sustituidas por otras más acordes. Hay otros métodos , hay posibilidades objetivas de llevar a cabo otras campañas para poder lograr este cambio, no ubicando a los pequeños empresarios en el papel de piratas.
Mientras tanto, será cuestión de contestar a estas intimaciones que -con el patrocinio estatal- nos invitan a ir presos, con una simple aunque contundente respuesta: SI LLEGA UNA ORDEN JUDICIAL 20.000 EMPRESAS CERRARAN SUS PUERTAS EN ACTITUD DEL MÁS EXPRESO REPUDIO, presentando ante la Justicia las medidas cautelares y las demandan que por derecho nos asisten. Para ello resultará preciso coordinar acciones a través de las diferentes Cámaras empresariales, a los efectos de establecer criterios concurrentes en materia de una auténtica defensa de la empresa nacional.
Desde mi propia responsabilidad empresaria, y como titular de una empresa argentina productora de tecnología hecha por argentinos, si no fuese que lo que está en juego no es otra cosa que la actividad productiva y laboral argentina, no deja de resultar risible tanta presión a la luz de la contradicción que surge en relación a las diversas iniciativas legislativas que nos exceptúan del pago de tasas, impuestos o cargas sociales para promocionar la industria del Software. Evidentemente, los tempranos anuncios de Néstor Kirchner en defensa del software libre fueron eso… sólo anuncios.
por Bernardo Diego González www.opensa.com.ar